El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, hizo un llamado urgente al Congreso para aprobar la nueva Ley Agraria. Según indicó, esta normativa es clave para enfrentar el impacto negativo que tendrán los aranceles impuestos por Estados Unidos sobre el sector agroexportador. “Los aranceles afectan directamente a la agroexportación, por eso es sumamente importante contar con un marco normativo que nos permita aumentar el empleo y las agroexportaciones”, señaló en una entrevista con Perú21.
Cabe recordar que a fines de 2020, el Parlamento derogó la Ley de Promoción Agraria. Esta norma había permitido mejorar las condiciones laborales del sector y, en consecuencia, fomentar la formalización. Según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE), entre 2007 y 2019, el número de trabajadores asalariados en el agro pasó de 80,000 a 210,000 gracias a los beneficios de dicha ley.
Asimismo, la remuneración mínima diaria para quienes trabajaban más de cuatro horas al día se incrementó, pasando de S/36.29 a S/39.19, monto que incluía gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Gabriel Amaro advirtió que con la derogación de esta norma, el sector perdió más del 10% de la formalidad que había conseguido, lo que también impactó negativamente en las inversiones proyectadas.
Amaro lamentó que durante el debate en el Pleno del Congreso no se haya tomado en cuenta los beneficios que trajo la anterior ley ni el impacto positivo que tiene el sector agroexportador en la recaudación del Estado. “Se dijeron cosas que no son ciertas y no se consideró que mientras más exportamos como sector, más recauda el Estado”, apuntó.
Pese a la necesidad urgente de una nueva legislación para el agro, el pasado martes el Pleno del Congreso aprobó una cuestión previa para que el dictamen que crea la nueva Ley Agraria sea devuelto a la Comisión de Economía. Durante el debate, el presidente de la Comisión Agraria, Eduardo Castillo, resaltó que la iniciativa impulsa herramientas de desarrollo, inversión, formalización y acceso al crédito para la agricultura familiar, aunque sus argumentos no convencieron a todos los legisladores. Finalmente, la propuesta fue enviada a comisión con 66 votos a favor, 42 en contra y tres abstenciones.
