El sector agrario peruano se encuentra en una situación de alerta debido a la inminente aprobación de la Ley Chlimper 2.0, un proyecto legislativo que propone modificar el régimen tributario aplicable a las agroexportadoras. Esta propuesta, que ya ha sido discutida en el Congreso, busca reducir la carga fiscal de las grandes empresas del sector. Sin embargo, esta iniciativa ha generado fuertes críticas de parte de los gremios agrarios, quienes señalan que la ley favorece principalmente a las grandes corporaciones y perjudica a la agricultura familiar, un pilar esencial para garantizar la seguridad alimentaria del país.
El impacto de esta ley podría ser significativo para las cooperativas agrarias y los pequeños productores. Según el dictamen aprobado por la Comisión Agraria del Congreso, las agroexportadoras recibirían un beneficio fiscal que reduciría el impuesto a la renta al 15% durante los próximos diez años (2025-2035). Esto podría resultar en un costo fiscal acumulado de S/20,000 millones, una cifra que afectaría directamente los recursos destinados a apoyar a la agricultura familiar. Los pequeños productores y las cooperativas agrarias quedarían al margen de estos beneficios, lo que pone en riesgo su sostenibilidad.
Organizaciones como la Junta Nacional del Café (JNC) han expresado su preocupación por la exclusión de las cooperativas agrarias de los programas de apoyo a la agricultura familiar. Según la JNC, las grandes empresas agroexportadoras, que no asumen los riesgos de producción, se beneficiarían de los privilegios fiscales, lo que despoja a las cooperativas del apoyo que necesitan. Lorenzo Castillo, gerente de la JNC, advierte que esta medida podría eliminar el principio de gobernanza cooperativa y debilitar la representación de los socios en las decisiones económicas de las cooperativas.
Uno de los sectores más vulnerables a esta ley es el cafetalero, que depende en gran medida de las cooperativas para cumplir con los estándares internacionales de trazabilidad y certificación. La Unión Europea exige la geolocalización de las fincas para garantizar la sostenibilidad de los productos y evitar la deforestación, pero más del 55% de los productores peruanos no cuentan con esta certificación. Las cooperativas, sin embargo, han avanzado en este proceso gracias a sus esfuerzos en obtener certificaciones orgánicas y de comercio justo. Miguel Vásquez, asesor técnico de la JNC, alerta que la aprobación de esta ley sin modificaciones podría hacer que Perú pierda competitividad en el mercado europeo, afectando a miles de pequeños productores.
La propuesta de la Ley Chlimper 2.0 ha avanzado en el Congreso sin contar con un debate técnico adecuado ni con la participación de los principales actores del sector agrario. Luis Cruz, gerente de Conveagro, critica la prioridad que se está dando a las grandes empresas en detrimento de los pequeños productores, quienes generan el 80% de los alimentos que consume la población peruana. Además, los gobiernos locales y regionales también han expresado su preocupación, ya que la ley podría reducir los incentivos y el financiamiento destinados a la agricultura familiar, lo que podría desencadenar una crisis social en las zonas rurales del país. La movilización gremial podría ser una respuesta si no se establece un diálogo efectivo sobre esta ley.
