En los últimos meses, el sector agrícola peruano ha enfrentado serias dificultades debido a fenómenos climáticos extremos, como inundaciones, deslizamientos de tierra, huaycos y otros desastres naturales. Estos eventos han dejado a miles de agricultores en una situación crítica, ya que alrededor de 20.000 hectáreas de cultivos han sido gravemente dañadas. Según estimaciones oficiales, las pérdidas económicas ascienden a unos S/140 millones, basándose en una inversión promedio de S/7.000 por hectárea.
Ante la inacción del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), encabezado por Ángel Manero, la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) convocó a una reunión con cientos de campesinos, productores de semillas, ganaderos y lecheros para discutir y elaborar una agenda que permita enfrentar los problemas estructurales que aquejan al sector agrícola. Durante este encuentro, se destacó la urgencia de una respuesta efectiva por parte del gobierno para paliar la crisis.
Anaximandro Rojas, presidente de Conveagro, explicó que los productores y las comunidades rurales no solo sufren la falta de apoyo estatal, sino que también deben lidiar con las consecuencias devastadoras de los desastres naturales. Según Rojas, uno de los temas prioritarios es la atención a la refinanciación de deudas para los productores, así como la creación de políticas que mitiguen los efectos del cambio climático y la rehabilitación de la infraestructura de riego.
En línea con estos objetivos, la asamblea general de Conveagro acordó la creación de un plan de reconstrucción de la infraestructura hídrica y productiva agraria. Este plan incluiría un presupuesto específico y la participación activa de los afectados. Asimismo, se planteó la necesidad de que el Midagri emita un Decreto de Urgencia que brinde apoyo inmediato a los agricultores perjudicados por los desastres, con compensaciones que superen las actuales indemnizaciones del Seguro Catastrófico.
Américo Valderrama, presidente de la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios del Agua, también expresó su preocupación por la falta de medidas ante la crisis que afecta al sector agrícola. En particular, cuestionó al titular del Midagri y al jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), José Genaro Musayón, por su incapacidad para implementar acciones que aborden la crisis financiera que atraviesa el campo peruano. Valderrama hizo hincapié en que la situación afecta a millones de familias, no solo a los agricultores, y demandó políticas claras y efectivas.
Por otro lado, las organizaciones agrarias participantes en la asamblea decidieron promover la creación de un marco normativo que regule el ingreso de productos agrícolas importados, especialmente el arroz asiático, a través de un sistema de franja de precios. También se acordó implementar medidas de salvaguarda para proteger a los productores locales de la competencia desleal.
La oposición de Conveagro se intensificó con el rechazo a la propuesta de Ley Chlimper 2.0, que busca otorgar beneficios tributarios a las grandes empresas agroexportadoras. Según Rojas, esta iniciativa tendría un alto costo fiscal de S/20.000 millones en los próximos diez años, beneficiando únicamente a un sector que ya goza de incentivos fiscales, mientras que la pequeña agricultura familiar no se ve favorecida. En este contexto, Conveagro hizo un llamado a la unidad de todos los actores del sector agrario para exigir políticas que realmente beneficien a quienes sostienen la agricultura familiar.
El presidente de Conveagro también expresó su firme oposición a un proyecto de ley que busca levantar la moratoria sobre el ingreso y la producción de organismos genéticamente modificados (OGM) en Perú. Para Rojas, esta medida podría poner en peligro la biodiversidad del país, conocida por su vasta diversidad genética en productos como el maíz, la papa y el cacao. Además, alertó sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente que implicaría el uso de productos químicos en la agricultura.
Finalmente, la asamblea de Conveagro decidió convocar un paro nacional agrario para visibilizar sus demandas y exigir políticas más justas para el sector. Se enfocaron en la necesidad de un desarrollo agropecuario sostenible, el acceso equitativo al agua y el fortalecimiento de la agricultura familiar. En abril, se llevará a cabo una nueva reunión del Comité de Coordinación para seguir evaluando y tomando decisiones sobre las acciones a seguir en este conflicto.
