El gremio agrario ha lanzado una fuerte advertencia sobre un inminente golpe contra la seguridad alimentaria del país, a raíz de la nueva ley agraria que ha sido impulsada por la Comisión Agraria del Congreso. Esta ley, que busca reducir los impuestos para las empresas agroexportadoras, ha generado una gran preocupación entre diversas organizaciones y especialistas del sector agrícola. En particular, la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), que representa a la agricultura familiar, ha expresado su firme rechazo, alertando sobre los posibles efectos adversos para este sector clave de la economía nacional.
Anaximandro Rojas, presidente de Conveagro, ha denunciado que la nueva ley pone en riesgo la sostenibilidad de los pequeños productores del país. El gremio resalta que la agricultura familiar es responsable de abastecer el 80% de los alimentos consumidos en el mercado nacional y representa el 97.6% de las unidades agropecuarias en Perú. Con estos datos, Conveagro argumenta que las políticas deben proteger y fortalecer a los pequeños productores, no favorecer a grandes empresas que podrían desplazar a los actores más vulnerables del sector.
Una de las principales preocupaciones de Conveagro es que la ley permitirá que pequeñas exportadoras, en alianza con las grandes agroexportadoras, puedan competir en igualdad de condiciones con las organizaciones de agricultura familiar en el mercado de Compras Estatales de Alimentos. Este cambio, según Rojas, distorsiona una política pública diseñada para beneficiar a los productores familiares, al hacer más difícil su acceso a los mercados en condiciones justas y equitativas.
Además, Conveagro critica que el dictamen extiende los beneficios de programas estatales como AGROIDEAS y AGRORURAL a pequeños exportadores, lo que podría resultar en el desplazamiento de las micro y pequeñas empresas (MYPE) y las formas asociativas de la agricultura familiar. El gremio ve esta medida como una contradicción con los objetivos de la Política Nacional Agraria al 2030, advirtiendo que podría acentuar las desigualdades en el sector agrícola y perjudicar a los productores más pequeños.
Otro punto clave de la ley es la posibilidad de que las empresas agroexportadoras accedan a regímenes tributarios más beneficiosos, los cuales están diseñados para sectores con baja capacidad contributiva. Esto, según Conveagro, viola el principio de igualdad tributaria y afectaría la competitividad de los pequeños productores, que se verían obligados a competir en condiciones desventajosas. A su juicio, esta medida representa una amenaza directa a la seguridad alimentaria del país.
El dictamen también propone un modelo de asociatividad contractual que, de acuerdo con Conveagro, favorece principalmente a las agroexportadoras. Este modelo permitiría que las grandes empresas consoliden su dominio territorial mientras los costos y riesgos recaen sobre los pequeños productores. Según el gremio, este esquema perpetúa la inequidad en el sector y podría provocar conflictos sociales de alta intensidad, dado el creciente descontento de los productores familiares.
A lo largo de su análisis, Conveagro señala que los incentivos propuestos en la nueva ley carecen de un sustento técnico adecuado y de una evaluación previa que justifique su implementación. Esto podría comprometer la eficiencia del gasto público y, en lugar de generar nuevas inversiones o aumentar la productividad, podría perpetuar las inequidades existentes, sin lograr resultados concretos. Ante esta situación, el gremio exige que el Pleno del Congreso rechace el dictamen y convoque a una mesa técnica que involucre a representantes del MEF, SUNAT, MIDAGRI, la academia y expertos en políticas públicas.
En el ámbito fiscal, Eduardo Zegarra, asesor de Conveagro, ha alertado sobre el posible impacto de la nueva ley en las finanzas públicas. Según sus cálculos, esta legislación podría costar al Estado cerca de S/ 20.000 millones en un periodo de diez años, entre 2025 y 2035. Zegarra subraya que la reducción del impuesto a la renta al 15% para las empresas agroexportadoras tendrá un impacto fiscal anual de S/ 1.850 millones, lo que pone en evidencia las implicaciones que esta ley podría tener para la estabilidad fiscal del país.
El paquete de medidas tributarias que incluye la ley, que consta de aproximadamente 15 disposiciones, destaca la reducción del IR para las agroexportadoras, lo que generó un intenso debate sobre la equidad de la medida. La ley otorga beneficios fiscales durante una década, desde 2025 hasta 2035, lo que ha generado dudas sobre si estas medidas son realmente necesarias, dado que las agroexportadoras han visto un aumento del 74% en sus ganancias en 2023.
Zegarra ha planteado que, con este incremento en las ganancias, es cuestionable la necesidad de otorgarles beneficios fiscales adicionales. Este tema ha centrado el debate en torno a la distribución de los recursos fiscales y el impacto que tendrá esta legislación en el desarrollo de todo el sector agrícola. En este contexto, muchos se preguntan si estas medidas realmente contribuirán al fortalecimiento de la agricultura familiar y a la mejora de la seguridad alimentaria, o si simplemente beneficiarán a las grandes agroexportadoras a expensas de los pequeños productores.
Finalmente, la discusión sobre la ley agraria sigue siendo un tema polarizado, con Conveagro y otras organizaciones de la agricultura familiar pidiendo al Congreso que reconsideren el dictamen y busquen una solución más inclusiva y equitativa. La situación refleja la necesidad urgente de un debate más profundo y técnico, que garantice el bienestar de todos los actores del sector agrícola y no favorezca desproporcionadamente a las grandes corporaciones agroexportadoras.
