La Comisión Agraria del Congreso de la República aprobó recientemente, a través de una cuestión previa, la propuesta de reabrir el debate sobre un predictamen relacionado con la nueva ley agraria. Este proyecto contempla una serie de beneficios tributarios para las empresas agroexportadoras. Uno de los puntos más polémicos es la posibilidad de que estas empresas vuelvan a pagar solo el 15% del Impuesto a la Renta (IR), lo que recuerda a la ley Chlimper que estuvo vigente en el gobierno de Alberto Fujimori.
La ley Chlimper, que fue implementada en el año 2000, estuvo en vigor durante dos décadas. A diferencia de otros sectores, que pagan una tasa del 29,5% sobre sus ingresos, las agroexportadoras gozaron de un impuesto congelado del 15%. Este beneficio tributario fue derogado al final de 2020, tras el paro agrario, uno de los movimientos laborales más significativos de los últimos años, en el cual se exigieron mejores condiciones laborales y la derogación de la Ley 27360.
La Ley 31110, promulgada en 2020, estableció un aumento gradual en la tasa del impuesto. Para los años 2021 y 2022, la tasa se mantuvo en 15%, luego se incrementó al 20% en 2023 y 2024. Entre 2025 y 2027 se prevé que suba al 25%, y en 2028 alcanzaría el 29,5% del régimen general.
En la sesión de ayer, los congresistas no solo discutieron el aspecto tributario del proyecto, sino también el tema laboral. Entre los puntos controvertidos se encuentra el despegue del bono BETA del sueldo mínimo, lo que lo convierte en un monto fijo sin efecto sobre la remuneración. También se incluye una propuesta de reducción a un 7,5% en las utilidades sin carácter progresivo, así como la ausencia de una sobretasa nocturna.
El parlamentario Jaime Quito expresó su preocupación al señalar que la propuesta en el tema laboral resulta aún más precaria que la Ley 31110. Según Quito, esta medida podría generar graves problemas para los trabajadores. Por otro lado, Eduardo Castillo, presidente de la Comisión Agraria y miembro de Fuerza Popular, defendió el predictamen, afirmando que se han realizado mesas técnicas para garantizar la viabilidad del proyecto y que los beneficiarios no son las grandes empresas, sino los pequeños productores.
La congresista Sigrid Bazán calificó el proyecto como un «festival de reducción de impuestos y de aportes del empleador agroindustrial exportador». Bazán mostró su preocupación por la posibilidad de que el país repita el error que se cometió antes del paro agrario. A su juicio, estamos regresando a la misma estructura de la Ley Chlimper.
De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), entre 2012 y 2023, los ingresos de las agroindustrias y agroexportadoras no han dejado de crecer, con un aumento de hasta un 200% y un promedio anual de 11%. Además, con las infraestructuras como el megapuerto de Chancay y los Tratados de Libre Comercio (TLC), se espera que el crecimiento de estas empresas continúe.
La congresista Bazán también destacó que los beneficios tributarios propuestos en el predictamen no beneficiarían a la pequeña agricultura, sino a las grandes empresas agroexportadoras. A su juicio, esto debería ser revaluado y reconsiderado antes de avanzar con la propuesta.
En respuesta a la situación, Bazán presentó el proyecto de ley N° 9533/2024, que propone un régimen de trabajo agrario que garantice la cobertura total de los trabajadores en EsSalud y SCTR, así como un régimen laboral general para la agroindustria y reglas específicas para la temporada de producción en el campo. Su objetivo es asegurar mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector.
La parlamentaria Bazán también presentó una cuestión previa en la que solicitó al presidente de la Comisión Agraria, Eduardo Castillo, que el proyecto sea revisado con mayor detenimiento por entidades técnicas como la Sunat y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este último se opone a la extensión de beneficios tributarios debido al elevado déficit fiscal, que alcanza el 4,1% del Producto Bruto Interno (PBI).
Eduardo Zegarra, investigador de Grade, criticó el proyecto, señalando que no solo otorga una exoneración del 50% del Impuesto a la Renta a las agroexportadoras hasta el 2036, sino que también diluye el bono BETA para los trabajadores al desvincularlo del sueldo mínimo y convertirlo en un monto fijo sin efectos sobre la remuneración. Zegarra cuestionó que se otorguen exoneraciones millonarias a grandes corporaciones por un período de 35 años.
En enero de este año, las empresas agroexportadoras lograron que se aprobara una ley que redujo sus aportes a Essalud al 6%. Sin embargo, parece que este beneficio no ha sido suficiente, ya que ahora buscan reinstaurar los privilegios otorgados por la anterior Ley Chlimper.
Finalmente, el impacto fiscal del predictamen aún no está claro. Según la Sunat, entre 2021 y 2023, las exoneraciones del impuesto a la renta para el sector agroexportador representaron una pérdida de aproximadamente S/1.200 millones para el Tesoro Público. En 2021, más de 1.600 empresas se beneficiaron con exoneraciones por un total de S/436 millones, mientras que en 2022 y 2023 las pérdidas fiscales ascendieron a S/373,5 millones y S/384,6 millones, respectivamente. Esto genera un creciente debate sobre la sostenibilidad de los beneficios tributarios en un contexto fiscal complicado.
