La jueza Ana Bedoya Maque, del Tercer Juzgado Anticorrupción, condenó a exfuncionarios de la Dirección de Agricultura, tras encontrarlos culpables del delito de negociación incompatible, en el marco del caso denominado como Zanja Seca. La pena impuesta fue de cuatro años suspendida por tres años, bajo reglas de conducta, inhabilitación por el mismo periodo y el pago de S/100 000 por concepto de reparación civil.
Los sentenciados fueron Miguel Seijas del Castillo, exdirector de Agricultura; Armando Pasquel Quevedo y Cesar Araujo Lozano, ambos exfuncionarios. Fiscalía los acusó de indebidamente a la empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C en detrimento de la asociación de Palmicultores La Perla.
Los hechos denunciados
Según la investigación, Seijas del Castillo, habría informado en una asamblea realizada en febrero de 2011 que los terrenos de libre disponibilidad serían titulados en favor de la asociación La Perla. Sin embargo, posteriormente, mediante diversos oficios y trámites administrativos, se habría favorecido la venta de esas mismas tierras a la empresa Plantaciones de Ucayali.
Asimismo, se acosó a Seijas del Castillo de no responder oportunamente solicitudes de la asociación, como la del 10 de febrero de 2012, sobre el estado del proceso administrativo de formalización de tierras. Este silencio administrativo habría culminado con la venta directa del terreno, aprobada mediante la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 342-2012 el 30 de noviembre de 2012, sin participación de los agricultores posesionarios.
Por otro lado, Pasquel Quevedo, entonces director de Saneamiento Físico-Legal de la Propiedad Agraria, habría permitido la realización de actos administrativos que favorecieron a Plantaciones de Ucayali, a pesar de conocer los trámites previos iniciados por La Perla. Entre los documentos que sustentan las imputaciones está el Informe Técnico-Legal N° 01-2012, que dio por cumplidos los requisitos legales para la venta del terreno sin reparar en las observaciones de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN).
Se acusó también a Araujo Lozano, encargado de la Unidad de Saneamiento Físico, de emitir informes que avalaron la venta de tierras a la empresa mencionada, sin subsanar observaciones realizadas por la SBN en 2012. Esto incluye la omisión de requisitos técnicos para la transferencia de tierras, lo que habría resultado en la pérdida de derechos patrimoniales para los agricultores.
