Cobra, la empresa española que posee Angostura – Siguas, ha presentado una demanda contra el Estado peruano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Esta acción se produce tras múltiples incumplimientos de plazos por parte del gobierno, así como tras un arbitraje fallido ante la Cámara de Comercio de Lima, donde el tribunal se declaró sin jurisdicción.
La firma española busca una compensación de US$1.400 millones debido a lo que considera incumplimientos significativos en la gestión del proyecto. En julio, se oficializó la entrega del proyecto Majes – Siguas al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) por parte del Consejo Regional de Arequipa, lo que añadió un nuevo capítulo a esta controversia.
El Consejo Regional de Arequipa había anticipado en mayo que Cobra estaba por iniciar el proceso arbitral, y el 16 de octubre fue cuando la Secretaría del CIADI registró oficialmente la demanda. Esta situación ha llevado a una serie de cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para manejar estas diferencias.
La República intentó comunicarse con el Midagri para obtener una declaración sobre el asunto. Sin embargo, desde el ministerio informaron que el ministro Ángel Manero se encuentra en Roma en actividades de presentación de planes de inversión y que se pronunciará sobre el tema a su regreso.
El ministro Manero había expresado en junio que el Gobierno consideraba «perfectamente evitable» el arbitraje, lo que ahora contrasta con la realidad de que el Estado enfrenta nuevamente un conflicto en el CIADI. Esto plantea dudas sobre la estrategia del Gobierno en relación a la inversión y la gestión de proyectos.
Respecto a la importancia de los proyectos Majes-Siguas, el ministro destacó que Majes-Siguas I está diseñado para generar 18.000 hectáreas para pequeños productores. La construcción de este proyecto aún requiere la elaboración de los expedientes técnicos y se implementaría a través de un acuerdo Gobierno a Gobierno.
Por otro lado, Majes-Siguas II tiene como objetivo ampliar la frontera agrícola en 38.500 hectáreas, lo que podría dinamizar la agroexportación y mejorar la seguridad alimentaria. Para este proyecto, se planea utilizar un modelo de Asociación Público-Privada (APP). Según Manero, las obras de Majes I y la represa intermedia comenzarían en 2025, con la esperanza de que Majes II inicie en 2026.
