La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), realizada el pasado 24 de marzo en Lima, reunió a representantes de diversos gremios agrarios para discutir los desafíos que enfrenta el sector agrícola en el Perú. En un contexto de crisis, los participantes señalaron los efectos devastadores de fenómenos naturales recientes, como inundaciones y deslizamientos, que han afectado a más de 200.000 personas, destruido 20.000 hectáreas de cultivos y dejado 5.000 kilómetros de vías intransitables. Ante esta situación, pequeños productores, ganaderos y dirigentes agrarios anunciaron un Paro Nacional Agrario indefinido, cuyo inicio se definirá en abril, después de la conformación de un Comité de Coordinación.
Según Conveagro, los agricultores aprovecharon la oportunidad para exigir la renuncia del Ministro de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a quien acusan de priorizar el apoyo al sector exportador en detrimento de la pequeña agricultura. Además, pidieron al Congreso rechazar el proyecto de ley denominado “Ley Chlimper 2.0”, que consideran una amenaza para la biodiversidad y los derechos de los pequeños productores, quienes se sienten desprotegidos ante las políticas actuales.
Anaximandro Rojas, presidente de Conveagro, criticó la falta de apoyo estatal frente a los efectos de los desastres naturales que han golpeado varias regiones del país, incluyendo Áncash, Piura, Tumbes, Arequipa y Cusco. Las lluvias torrenciales han dejado un saldo de 91 personas fallecidas y 16.000 animales muertos, mientras que las infraestructuras vitales, como canales de riego y defensas ribereñas, también han sido destruidas. Rojas cuestionó la gestión del MIDAGRI en la prevención y mitigación de estos desastres, argumentando que el Ministerio ha fallado en responder adecuadamente al cambio climático y a las necesidades de los agricultores.
En la asamblea, los agricultores también presentaron una serie de demandas, entre las que se destacan la restitución de los Plenos Agrarios en el Parlamento y la creación de programas de financiamiento que se ajusten a las realidades del sector agrícola. Estas medidas, según los participantes, son esenciales para garantizar el acceso a semillas, así como para el procesamiento y la comercialización de productos agrícolas como el algodón, la papa, el arroz y la quinua. Soraida Condori, representante de la Central Agroandina del Perú, subrayó la urgencia de mejorar las condiciones para la producción de granos andinos, destacando la falta de infraestructura que impide la exportación de quinua procesada, a pesar de su alta calidad.
Américo Valderrama, presidente de la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú, también hizo un llamado de atención sobre la gestión del recurso hídrico por parte del gobierno. Señaló que la falta de políticas efectivas está afectando a las familias que dependen del agua para sus cultivos, lo que agrava la crisis del sector agrícola. Valderrama lamentó la inacción de las autoridades frente a la creciente escasez de agua, una situación que pone en peligro la subsistencia de los productores y sus comunidades.
Un tema que cobró relevancia en la convención fue la situación de las mujeres rurales, quienes enfrentan enormes desafíos en su trabajo agrícola. Rosalía Clemente, presidenta de la Confederación Nacional Agraria (CNA), denunció que las mujeres del campo son las más afectadas por la contaminación del agua y la falta de apoyo gubernamental. Clemente criticó también la inacción del gobierno frente a las emergencias climáticas, subrayando que, a pesar de ser las principales defensoras de sus parcelas y comunidades, las mujeres rurales siguen siendo olvidadas por el Estado.
Finalmente, uno de los acuerdos más importantes alcanzados en la asamblea fue la necesidad de establecer medidas para evitar la competencia desleal de las importaciones agrícolas. Los agricultores exigieron la creación de un marco normativo que regule el ingreso de productos agrícolas importados, incluyendo la implementación de un sistema de franja de precios para el arroz asiático, así como la aplicación de aranceles y salvaguardias para proteger a los productores locales. Esta medida se considera urgente, ya que las importaciones han afectado gravemente la economía agropecuaria nacional, especialmente en un contexto de crisis financiera que amenaza la sostenibilidad del sector.
