Bajo el argumento de mitigar los efectos de los nuevos aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció la convocatoria a un Pleno económico y productivo. El objetivo: aprobar un conjunto de medidas tributarias que, según expertos, implicarían un alto costo fiscal para el país. Entre las propuestas más polémicas se encuentra la conocida “Ley Chlimper 2.0”, que ha generado un fuerte rechazo por parte de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro) y varios sindicatos del sector agroexportador de Ica.
Organizaciones sindicales y gremios agrícolas han manifestado que esta ley representa un modelo que profundiza la precarización laboral en la agroindustria. Desde Fentagro señalaron que los nuevos aranceles del 10% a productos peruanos no implicarán una crisis productiva nacional, ya que este costo será asumido por los consumidores en Estados Unidos. En ese contexto, criticaron la intención de aprobar una norma con beneficios millonarios para las empresas agroexportadoras, mientras el Estado dejaría de recaudar cerca de S/20.000 millones en los próximos diez años.
Los sindicatos de trabajadores agrícolas en Ica fueron más allá y calificaron la propuesta como un claro retroceso en materia laboral. Aseguran que esta favorece a grandes conglomerados económicos, sin ofrecer mejoras sustanciales a las condiciones de quienes trabajan en el campo. Denuncian salarios bajos, contratos inestables y condiciones laborales adversas que no serían resueltas con la aprobación de la ley, sino todo lo contrario: se acentuaría su situación de vulnerabilidad.
Una de las principales preocupaciones es que la ley no contempla un incremento del aporte a EsSalud, manteniéndolo en 6%, ni refuerza la capacidad fiscalizadora de Sunafil. Esto, según advierten, dejaría a los trabajadores aún más expuestos a abusos laborales. Por ello, hicieron un llamado directo a los congresistas de Ica para que defiendan los derechos de los trabajadores del agro y rechacen esta iniciativa que, afirman, beneficia exclusivamente a los grandes empresarios del sector.
La Junta Nacional del Café también se sumó a las críticas, advirtiendo que la Ley Chlimper 2.0 comprometería la estabilidad de más de mil cooperativas agrarias y afectaría directamente a más de 100 mil familias dedicadas a la agricultura familiar. Además, cuestionan que el dictamen debilita la gobernanza interna de las cooperativas y resta poder a sus socios. Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que antes alertó sobre el impacto fiscal de la medida, parece haber cambiado de postura con la nueva gestión, mostrando respaldo a la propuesta bajo el argumento de impulsar las exportaciones agroindustriales y apoyar la pequeña agricultura.
