Algunos congresistas insisten en la necesidad de anular la moratoria vigente sobre el ingreso y la producción de organismos genéticamente modificados (OGM) en el Perú, la cual está establecida hasta el 31 de diciembre de 2035. A través del proyecto de ley 09475/2024-CR, los parlamentarios Alejandro Cavero, Adriana Tudela y Edward Málaga buscan modificar la ley 27104 con el fin de permitir el uso de organismos vivos modificados (OVM) en el país, argumentando que esta medida contribuiría a la innovación productiva y la competitividad agrícola.
Recientemente, estos congresistas se reunieron con Ángel Manero, titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), para discutir los detalles de esta iniciativa, que ha generado un fuerte rechazo entre los gremios agrarios. El proyecto está actualmente pendiente de discusión en la Comisión Agraria, que está presidida por Fuerza Popular, y ha generado un intenso debate en todo el sector agrícola.
Luis Cruz, gerente de la Convención Nacional del Agro (Conveagro), advirtió que levantar la moratoria pondría en riesgo la agrobiodiversidad del Perú y afectaría negativamente a los pequeños agricultores. Cruz señaló que diversos estudios han demostrado que los cultivos transgénicos pueden poner en peligro nuestros productos nativos y, además, amenazar la reputación internacional del país como un líder en biodiversidad y productor de alimentos orgánicos.
Otro de los posibles efectos negativos de la introducción de OVMs en la agricultura peruana es el impacto en la salud pública. Cruz recordó que los cultivos de maíz transgénico están asociados con el uso de herbicidas como el glifosato, una sustancia que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó en 2015 como «probablemente cancerígena para los seres humanos», lo que aumenta las preocupaciones sobre los riesgos para la salud.
Ángel Villavicencio, coordinador del programa ‘Cultivando el Cambio’ de Fovida, también se mostró preocupado por los efectos de los OVM en el equilibrio natural del país. Explicó que su uso podría llevar a la contaminación genética y al desplazamiento de los productos nativos, lo que tendría un impacto directo en la agricultura peruana. En este sentido, cuestionó la necesidad de traer transgénicos al Perú, ya que, a pesar de los desafíos del cambio climático, la productividad agrícola ha mostrado avances significativos y las agroexportaciones han alcanzado cifras históricas.
Ante la creciente preocupación por esta propuesta, diversas organizaciones agrarias, vinculadas al Grupo Impulsor de Semillas Nativas (Grisen), han comenzado a trabajar en una propuesta para proteger las semillas nativas y los sistemas agrícolas tradicionales del país. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de algunos congresistas, como Sigrid Bazán y Heidy Juárez, y busca incorporar mecanismos para la conservación de este patrimonio natural frente a la biopiratería, además de fomentar su inclusión en programas de seguridad alimentaria y su comercialización.
Una de las propuestas clave de estas organizaciones es que el Estado reconozca las semillas nativas como patrimonio peruano y las saque de un sistema informal. Villavicencio sostuvo que se debe promover el libre intercambio y comercio de semillas tradicionales dentro de los programas estatales. Aunque la agricultura familiar abastece al 83% de los alimentos que consumen los peruanos, aún no existe una normativa que garantice la protección de las semillas nativas.
Aurora Coronado, de la Federación Nacional de Mujeres del Perú (Fenmucarinap), destacó que es esencial asegurar el rol de las mujeres, jóvenes y adultos en la gestión y transmisión de los conocimientos ancestrales sobre las semillas nativas. Señaló que la iniciativa está impulsada por los propios pueblos indígenas, quienes buscan recuperar y respetar sus saberes ancestrales, y remarcó que no desean la introducción de transgénicos en el país.
